Sentenza 11 ottobre 2007, n.352/2005
La presenza di un registro delle confessioni religiose non autorizza
lo Stato ad operare un controllo sulla legittimità delle credenze
professate; ai fini dell’iscrizione, la Pubblica Amministrazione deve
verificare esclusivamente che gli statuti dell’ente confessionale
siano conformi all’art. 3 della Ley Organica de Libertad Religiosa,
dove si esplicitano i limiti all’esercizio della libertà religiosa
(art. 3.1: rispetto dei diritti altrui e dell’ordine pubblico; art.
3.2: attività con fini diversi da quello di religione e di culto).
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La existencia de un registro no habilita al Estado para realizar una
actividad de control de la legitimidad de las creencias religiosas de
las entidades o comunidades religiosas, o sobre las distintas
modalidades de expresión de las mismas, sino exclusivamente la de
comprobar, emanando a tal efecto un acto de mera constatación que no
de calificación, que la entidad solicitante no es alguna de las
excluidas por el art. 3.2 de la LOLR (“actividades, finalidades y
entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los
fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores
humanísticos o espirituales u otros fines análogos ajenos a los
religiosos”), y que las actividades o conductas que se desarrollan
para su práctica son conformes al art. 3.1 de la LOLR (no atentan al
derecho de los demás al ejercicio de sus libertades y derechos
fundamentales, ni son contrarias al orden público).