Sentenza 19 luglio 2000, n.1090/2000

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), Sentencia de 19 julio 2000, núm. 1090/2000.

En la Ciudad de Valencia, a 19-7-2000.

Visto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso-administrativo núm. 429/1998, interpuesto por el Procurador don Enrique José D. R., en nombre y representación de Religiosas Teatinas de la Inmaculada, Colegio María Inmaculada de Valencia, contra resolución número 1927-H, dictada por el Ayuntamiento de Valencia, en fecha 12 de marzo de 1997 sobre denegación de exención del IAE, ejercicio de 1997, habiendo sido parte en autos la Administración demandada el Ayuntamiento de Valencia, representada por el Letrado de sus servicios jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO

Interpuesto el recurso, se tuvo por personada y parte a la Generalidad Valenciana, quien formalizó en su momento la demanda.

La demandada y codemandada se opusieron a la demanda en sus escritos de contestación.

Se señaló para votación y fallo del presente recurso la fecha de 10 de julio de 2000.

En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José Díaz Delgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La cuestión que se suscita en el presente recurso ha sido resuelta ya por la Sala en la sentencia 909/1999 de 29 de octubre donde se dice:

«Primero.-Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra un Decreto del Ayuntamiento de Paterna, núm. 330/1997, de 7 de febrero, por el que se deniega a la actora la solicitud de exención en el IAE por la actividad de “guardería y enseñanza infantil” (Epígrafe 931.1 [RCL 1990 1999]), así como contra la expresa desestimación del recurso de reposición previamente interpuesto, según decreto 1411, dictado por el mismo Ayuntamiento en la fecha del 14 de mayo de 1997.

La actora, que es una entidad eclesiástica de las comprendidas en el artículo IV del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 (RCL 1979 2964 y ApNDL 7133), entiende que tiene derecho a los beneficios fiscales previstos en el art. 58, 2º de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre (RCL 1994 3273), sobre Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General (Ley de Fundaciones), desarrollado por la disp. adic. 2ª del RD 765/1995, de 5 de mayo (RCL 1995 1529).

Específicamente, la exención se solicitaba para la actividad de guardería y enseñanza infantil, desarrollada en el Colegio Regina Carmeli de Paterna.

La administración demandada deniega el otorgamiento de la exención en base al informe previo emitido por la Agencia Estatal Tributaria en fecha de 24 de octubre de 1996 (Folio núm. 57 del Expediente Administrativo). En dicho informe se manifiesta que la actividad ejercida por la actora en el colegio indicado, “… se ejerce en las mismas condiciones que la prestada por el resto de las entidades del sector docente, y va dirigida al mismo tipo de destinatarios, por lo que la concesión de beneficios fiscales adicionales a la misma supondría introducir un factor de discriminación injustificado en el sector educativo…”.

Segundo.-Para que proceda la aplicación de la exención que menciona el artículo 58. 2 de la Ley 30/1994, referida al Impuesto que aquí se considera es preciso que concurran las tres condiciones que se citan en el inciso último del párrafo del citado precepto y, en concreto que: 1º).-Que la actividad que se materialice persiga el cumplimiento de los fines contemplados en el art. 42. 1º “a” de la citada Ley; 2º).-Que no generen competencia desleal; 3º).-Que sus destinatarios sean colectividades genéricas de personas.

La actividad de enseñanza desarrollada en el centro docente indicado tiene una finalidad educativa, y consecuentemente persigue uno de los fines incluidos en el artículo 42.1º de la mencionada Ley. Además es obvio que la actividad está dirigida a colectividades genéricas de personas, de manera que se beneficia indirectamente de la exención cualquier persona que acceda al centro docente.

El tercero de los requisitos, que es el que ha generado más polémica, es el relativo a la competencia desleal, y concretamente, el tema a plantear consiste en si, dentro de dicho concepto, puede caber aquello que llama la administración “… discriminación injustificada en el sector educativo…”. Para deslindar conceptos, conviene precisar que, aunque la competencia desleal implica discriminación, no toda discriminación es competencia desleal, de manera tal que, la discriminación tiene una dimensión conceptual más extensa que aquellas prácticas, por otra parte mencionadas en la Ley 16/1989, de 17 de julio (RCL 1989 1591), violadoras del Orden Económico Constitucional en el sector de la economía de mercado. Estas últimas, y sólo estas últimas, caso de resultar acreditadas, serían las que, en rigor, impedirían la aplicación de la exención fiscal que reclama la actora.

La Disposición Adicional 5ª de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, sobre Fundaciones, extiende el Régimen previsto en sus artículos 48 a 58, ambos inclusive, a “… la Iglesia Católica y a las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas que tengan suscritos Acuerdos de Cooperación con el Estado Español…”. Se trata en consecuencia, del establecimiento de ciertos beneficios fiscales a ciertos sujetos, las Iglesias y Confesiones mencionadas. Toda situación de beneficio fiscal, elemento cercano a la figura de fomento o a las subvenciones, implica discriminación, por eso, su determinación se articula en normas jurídicas con rango formal de Ley, y el marco de su justificación se encuentra en el ámbito de lo constitucional. La Sala entiende que la norma controvertida es perfectamente constitucional, y justificado, el beneficio que se articula, por lo que no se estima necesario el planteamiento de cuestión en relación con el tema que se examina, ni por esta vía o en base a esta argumentación, podía la administración denegar el beneficio».

En consecuencia, la plena aplicación de esta doctrina al caso enjuiciado hace que proceda estimar el presente recurso contencioso-administrativo sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas procesales, al no apreciarse en las partes circunstancias subjetivas de temeridad o mala fe, que justifique la expresa imposición de las costas procesales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 (RCL 1956 1890 y NDL 18435).

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo núm. 429/1998, interpuesto por el Procurador don Enrique José D. R., en nombre y representación de Religiosas Teatinas de la Inmaculada, Colegio María Inmaculada de Valencia, contra resolución número 1927-H, dictada por el Ayuntamiento de Valencia, en fecha 12 de marzo de 1997 sobre denegación de exención del IAE, ejercicio de 1997, y lo debemos declarar contrario a Derecho y anulamos y dejamos sin efecto, sin expresa condena en las costas procesales.

A su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma, certifico.

Valencia, a diecisiete de julio de dos mil.